El plan de ayudas a la banda ancha de Galicia pasa la prueba de la CNMC

By UGT admin on 19/02/2018 in Mercado Comunicaciones, Regulación

Turno para Galicia en esta secuencia de Comunidades Autónomas que presentan sus respectivos planes de ayudas públicas a la banda ancha.

En esta ocasión se trata del segundo plan gallego para este fin[1]. El anterior, datado en 2010, dar cobertura con redes de acceso de nueva generación de muy alta velocidad (a partir de 100 Mbps) a 329 núcleos de más de 500 habitantes que ya contaban con servicios de banda ancha tradicional. El que ocasiona este informe[2], es continuista de aquel y tiene los mismos objetivos.

Viendo los datos gallegos de cobertura, penetración y velocidad, se deduce la necesidad de este plan. Salvo en cable, las cifras de Galicia son muy inferiores a la media nacional:

Para este proyecto[3], la Xunta de Galicia propone otorgar, mediante un régimen de concurrencia competitiva, ayudas para despliegues localizados en 27.896 entidades de población de menos de 500 habitantes de la Comunidad Autónoma de Galicia –divididas en 304 lotes- que tienen la consideración de “zonas blancas”, susceptibles de recibir ayudas públicas.

Los nuevos despliegues deberán ser redes de acceso NGA de alta velocidad que ofrezcan al menos una velocidad de 100 Mbps en sentido descendente y 20 Mbps en sentido ascendente. Los operadores beneficiarios están obligados a ofrecer también servicios minoristas.

Se prevé que el importe mínimo de la subvención sea de 20.000€, limitando cada proyecto a un máximo de 1.000 entidades de población y ha de cubrirse al menos al 80% de sus habitantes.

El presupuesto total es de 14.200.000 euros para el periodo que va desde 2018 a 2020, financiados por el FEADER, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Xunta de Galicia.

En su dictamen, la CNMC considera que “el proyecto de la Xunta de Galicia contribuirá a la efectiva realización de algunos de los objetivos señalados en la Agenda Digital para España y en la Agenda Digital Europea”, aunque, como en ocasiones anteriores[4], propone una serie de mejoras, como una previsión sobre la incompatibilidad de estas ayudas con otras de mismo signo, que los servicios mayoristas sean obligados y se realicen en condiciones equitativas y de no discriminación o la necesidad de coordinar las obras civiles.