Durante varias semanas de agosto ha tenido lugar un acontecimiento que, si bien ha pasado desapercibido para la mayoría de los ciudadanos, ha exigido la inmediata y eficaz intervención de UGT para paliar y corregir una más de las erráticas políticas del gobierno en materia laboral y social, abundando no sólo en su ineptitud sino demostrando claramente su posicionamiento manifiestamente contrario a los intereses de los trabajadores/as, en este caso, de aquellos que hubieran sido despedidos de sus empresas en virtud de un acuerdo colectivo.

Nos referimos al caso, aireado por la prensa en esas fechas, del cambio de criterio del INSS a la hora de interpretar el artículo 8 del Real Decreto Ley 5/2013 en materia de acceso a la jubilación anticipada, que dejaba en una posición de indefensión a aquellos trabajadores/as que hubieran sido despedidos de sus empresas por acuerdos colectivos (ERE) y que estuvieran pagando un convenio especial con la Seguridad Social para poder acceder a la jubilación a los 61 años, como es el caso de multitud de compañeros/as acogidos a los sucesivos ERES de Telefónica o Telefónica Móviles, por ejemplo.

Afortunadamente, la pronta reacción de UGT y la correspondiente presión mediática han obligado a la Administración primero a aclarar, luego a matizar y finalmente a desistir de su infame pretensión, lo que no implica que desde nuestra organización bajemos la guardia ante posibles nuevas intentonas en esta materia, habida cuenta de la notoria falta de sensibilidad demostrada por el actual gobierno hacia los temas socio laborales.

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